Udalbiltza es una institución de correcta constitución según el Tribunal Supremo

27/02/2019

Después de estos fallos del Tribunal Supremo a favor del consorcio vasco, Udalbiltza quiere dar por terminada la etapa “marcada por la “represión judicial”

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La vía judicial emprendida el 2014 por el Gobierno Español contra Udalbiltza por los convenios municipales y los acuerdos efectuados con diferentes instituciones del País Vasco ha finalizado. El entonces delegado del Gobierno Carlos Urquijo recurrió 45 partidas efectuadas por los ayuntamientos miembros y otros consistorios los cuales elaboraron un convenio con el consorcio. El TSJPV desestimo los recursos, pero el entonces delegado del Gobierno recurrió veinte ante el Tribunal Supremo, que se redujeron a 17. Tal como han dado a conocer en el consistorio de Donostia el presidente del consorcio Luis Intxauspe y el abogado Joseba Compains, el Supremo a fallado a favor del consorcio Udalbiltza, dando por legales las ayudas recibidas por el consorcio y estimando que es una institución de correcta constitución.

Las primeras resoluciones son las de los municipios Guipuzcoanos de Aretxabaleta, Lezo, Eskoriatza, Ezkio-Itsaso y la del alavés Aramaio. El abogado espera recibir las próximas resoluciones para abril, y el presidente de Udalbiltza espera que irán por el mismo camino. Aparte de estos últimos recursos de casación, la institución de electos vascos no tiene ninguna vía judicial abierta en su contra. El Tribunal Supremo también ha determinado que los estatutos del consorcio son totalmente legales. En este sentido Intxauspe ha declarado que “Udalbiltza seguira construyendo Euskal Herria desde el ámbito municipal y que seguirá impulsando su desarrollo como nación.

En palabras del presidente del consorcio: “desde que comenzó su andadura en 1999, Udalbiltza ha tenido que desarrollar su actividad con las zancadillas legales y judiciales del Estado Español”. El 29 de abril de 2003, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordeno la detención de 8 miembros de Udalbiltza, clausuró sus sedes y detuvo su actividad. Después de siete “largos y duros” años los veintidós acusados del consorcio fueron absueltos y se corroboro la legalidad de Udalbiltza. En 2013 un grupo de electos empezó a reorganizar la institución y a pesar de haber pasado el filtro penal, Urquijo emprendió una vez más la vía judicial con los 45 recursos que según los miembros de Udalbiltza, “tenían el claro objetivo de llevar a Udalbiltza a una situación económicamente crítica”.

Según Intxauspe, “el proceso judicial abierto por Carlos Urquijo ha durado seis años, dificultando una vez más la actividad de una institución bien constituida”. Los recursos “ponían en duda directamente el carácter público del consorcio, y negaba la capacidad material y legal de los ayuntaminetos para participar en dicha institución.